Culiacán, Sinaloa, 22 de julio de 2024 – La Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, conocida como Ley Rocha, fue declarada inconstitucional en cinco de sus 83 artículos por el Juez Primero de Distrito. Una de las principales razones fue que la ley pretendía que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) dependiera financieramente de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) del Gobierno del Estado, afectando su autonomía.
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La ley estipulaba que los recursos ministrados a la UAS, incluso los propios y generados, debían pasar primero por la SEPyC. Esto contradecía la autonomía de la UAS, una institución de educación pública descentralizada con personalidad jurídica y patrimonio propio, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, publicada el 28 de febrero de 2023, en su artículo 51, fracción VIII, asignaba a la autoridad educativa estatal la atribución exclusiva de ministrar los recursos provenientes de la Federación para la UAS, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas. Esta disposición fue declarada inconstitucional ya que la UAS no es un órgano sectorizado a la SEPyC.
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Además, las fracciones IX y X del artículo 69 determinaban que los ingresos propios de la UAS serían complementarios a la asignación presupuestal federal y estatal y debían ser reportados en los informes de evaluación de gasto público. Estos ingresos, aunque administrados por la UAS, necesitaban el visto bueno de la SEPyC para ser autogenerados, lo que también fue declarado inconstitucional por invadir la Autonomía Universitaria en la administración de su patrimonio.
El Gobernador Rubén Rocha Moya había prometido apoyar financieramente a las universidades públicas, pero posteriormente inició una campaña de persecución política, financiera y judicial contra la UAS y sus autoridades, tras señalar las irregularidades de la ley. Esta situación llevó a la UAS a defender su autonomía, resultando en la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones que afectaban su independencia financiera.
